Desde ese momento, los detenidos han sido objeto de graves violaciones a sus derechos humanos. Entre estas violaciones se encuentran la prohibición de contar con una defensa legal de su elección, lo que socava el derecho a un juicio justo.
Además, se han documentado casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en los centros penitenciarios, donde las condiciones son deplorables y la violencia es común.
En particular, se han llevado a cabo audiencias telemáticas sin la presencia física de abogados o representantes legales para los menores de edad, lo que agrava aún más su situación y vulnerabilidad.
El OVP exige al gobierno venezolano la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el respeto al derecho a la educación. “Un estado respetuoso garantiza estos derechos; aquí se aplica más la sanción como forma de castigo”, afirmaron representantes del OVP.
Esta situación no solo impacta a los detenidos, sino que también repercute en sus familias y comunidades.
