(EFE).- La guerra contra las drogas que encabezó el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte (2016-2022) acabó con miles de muertos, muchos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que ha derivado en la detención este martes del exmandatario, quien durante su Gobierno ordenó «liquidar» a traficantes y consumidores.
El arresto del expresidente, que tuvo lugar hoy en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, responde a una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2021 conduce una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la sangrienta operación.
A continuación las claves de la guerra antidrogas de Duterte:
La «necesidad»
En 2016, cuando Duterte ya tenía fama de «sheriff» antinarcóticos tras 22 años como alcalde de Davao (sur), sondeos apuntaban a que la mayoría de la población en Filipinas consideraba que el crimen y las drogas eran el principal problema del país, de modo que el exedil incorporó en su campaña electoral la promesa de atajarlo y acabó arrasando en las presidenciales de junio de ese año.
Una vez en el poder puso en marcha las redadas y ordenó a los policías disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia. Solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales, entre ellos pequeños vendedores de droga, líderes de organizaciones criminales y adictos.
El controvertido líder, conocido como ‘Harry el sucio’, cumplió no obstante su primer año de gestión con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
Las críticas
A finales de 2017, cuando el número de muertes oficial en el marco de la guerra antidrogas ascendía a alrededor de 4.000, comenzaron a producirse en el país asiático protestas con millares de personas que rechazaban la continuidad de las operaciones y denunciaban la actuación de grupos parapoliciales, mientras el presidente reiteraba su apoyo a los uniformados.
Varias organizaciones no gubernamentales empezaron a pedir investigaciones internacionales al respecto, en vista del aumento de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, un relato que lidera el Proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas (UP), que denuncia que hay más muertos que los reportados por las autoridades.
Salida de la CPI
En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en un intento de eludir la jurisdicción internacional.
El exmandatario impidió además la entrada al país de los investigadores de esta corte, en medio del rechazo que crecía en el extranjero y por parte de algunos sectores del país contra sus políticas, que él mismo arengaba en tono agresivo.
Durante la segunda mitad de su mandato, buena parte de la oposición y numerosas oenegés comenzaron a calificar al controvertido líder de «dictador» debido a los asesinatos de activistas y militares de izquierda que figuraban en una polémica «lista roja» elaborada por el Gobierno. Unos sucesos que se produjeron en paralelo a la guerra contra las drogas.
La investigación
En 2021, la CPI anunció el inicio de las pesquisas contra Duterte por los abusos supuestamente cometidos en la lucha antinarcóticos, que acabó en 2022 con 30.000 muertos según algunas ONG, si bien las autoridades cifran en 6.000 el total de bajas, con pocos juicios celebrados hasta ahora en el país por abusos policiales.
Hasta ayer, cuando habló en Hong Kong de la posibilidad de ser encarcelado sin que se conociese de manera oficial la existencia de una orden de detención en su contra, Duterte había mantenido un tono retador frente al proceso de La Haya y llegó a llamar ayer a la Interpol a que lo detuviera antes de fallecer.
La detención
El actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a quien Duterte ha llamado ‘drogadicto’ en varias ocasiones, extendió a menor escala la guerra contra las drogas de su predecesor en 2022, con 928 muertos desde entonces y hasta la primera semana de marzo, según Dahas.
Hasta ayer el Gobierno y la Policía de Filipinas aseguraron que no conocían una posible orden de detención contra Duterte que ya se rumoreaba y que terminó por ejecutar hoy el propio cuerpo de seguridad filipino, lo que fue celebrado por familiares de las víctimas de su sangrienta campaña antidrogas y tachado de «ilegal» por el bando del exdirigente.
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