El frenético ritmo de anuncios y medidas de la flamante Administración Trump fue respondido en las últimas horas con una seguidilla de demandas presentadas por gremios y ONG activistas. Las organizaciones venían preparándose hace meses, bajo la consigna de estar “listos para luchar” desde el día uno.
Una de las medidas que más desafíos legales cosechó es el fin de la ciudadanía por nacimiento. “Negar la ciudadanía a los niños nacidos en EEUU no sólo es inconstitucional, sino también un repudio temerario y despiadado de los valores estadounidenses”, aseguraron desde la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), organización activista que presentó una demanda colectiva.
Los demandantes aseguran que la orden de Trump atenta contra la Decimocuarta Enmienda: “Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”. Desde su aprobación hace más de un siglo, afirman, tanto mandatos como decisiones judiciales afirmaron la ciudadanía por nacimiento.
Previendo estas objeciones, la Administración Trump argumentó al comunicar la orden que aquella era una interpretación errónea del texto fundamental. La enmienda nunca abarcó “universalmente a todos” los nacidos en territorio estadounidense, sino que sólo a quien además cumplía el requisito de estar “sujeto” a la “jurisdicción” americana.
Quienes hayan nacido de padres que se encuentran ilegalmente en el país o con un permiso temporal, afirman, no están sujetos a aquella jurisdicción.
