A través de una orden ejecutiva firmada el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al programa de parole humanitario que había sido implementado por la administración anterior para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Este proceso permitía a ciudadanos de esos países vivir y trabajar legalmente por dos años en territorio estadounidense. Hasta diciembre de 2024, unas 531.690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La orden ejecutiva llamada “Asegurar Nuestras Fronteras” establece diferentes acciones relacionadas a la inmigración que el presidente Trump buscaba priorizar desde el primer día de su administración. Entre ellas, adoptar “todas las medidas adecuadas” para construir el muro fronterizo, desplegar personal de defensa a la frontera sur y detener a los migrantes irregulares.
El propósito de esta, según dice el documento, es “detener la avalancha sin precedentes de extranjeros ilegales a los Estados Unidos”.
La determinación sobre el parole humanitario se plasmó junto al fin de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes sacar una cita con un funcionario de inmigración en alguno de los puertos fronterizos vecinos a México.
“La orden ejecutiva pretende poner fin a un programa de la era Biden que creó un proceso especial para los nacionales de estos cuatro países que la orden ejecutiva de Trump consideró contrario a las políticas de Estados Unidos”, dijo a la Voz de América Cori Alonso-Yoder, profesora especializada en derecho de inmigración de la Universidad George Washington.
¿Qué sucede ahora?
La orden ejecutiva puso en efecto la suspensión de manera inmediata de nuevas solicitudes de personas que buscaran ser patrocinadores de estos migrantes.
Para poder optar a este programa, los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos debían contar con un “sponsor” o patrocinador financiero dentro de Estados Unidos.
