Por Carmela Ponce
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La trama desarrollada desde el año 2014 en torno a un terreno ubicado en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, es una historia de intrigas y turbias transacciones inmobiliarias que culmina parcialmente con la construcción del centro comercial Anclas Mall & Plaza, mismo que llegó con la premisa de ser el primer mall del distrito. Esta historia, llena de giros y vueltas, puede dividirse en cuatro actos principales.
Primer acto: Titulación y venta de un terreno municipal a un funcionario local
En el «primer acto», nos remontamos al año 2013. En ese entonces, el distrito de La Chorrera, bajo la administración del alcalde Temístocles Javier Herrera Domínguez, procedió a titular y vender un lote de terreno situado en Barrio Colón. A pesar de la escasez de tierras municipales disponibles durante el mandato del alcalde Herrera Domínguez (2009-2014), se logró concretar la venta de este lote. Herrera, quien fue elegido con el respaldo del Partido Panameñista, asumió posteriormente el cargo de gobernador de la Provincia de Panamá Oeste, tomando posesión el 15 de julio de 2024.
El afortunado primer comprador del lote fue Valerio Gutiérrez Gutiérrez, un funcionario local que en ese momento se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) de La Chorrera. La titulación del terreno se llevó a cabo el 16 de agosto a través de la escritura 3163. Según el expediente que se encuentra en el Municipio de La Chorrera, todos los trámites se realizaron de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de compra-venta de tierras municipales.
Gutiérrez adquirió 706.22 metros cuadrados, segregados de la finca 6028, que limita al norte con la finca 614428 (Comercial Building Corporation); al sur, con la finca 51267 (Summa Export Inc., sociedad presidida por Chamel Gaspard Morell y donde José Gaspard Morell, hermano de Chamel, es apoderado); al este, con la vía Interamericana; y al oeste, con la calle Tomás Guardia. El 12 de diciembre de 2013, mediante la Resolución 12931, firmada por el entonces alcalde del distrito, se adjudicó el terreno al funcionario Valerio Gutiérrez. La compra-venta se realizó en virtud del Acuerdo Municipal N° 11A del 6 de marzo de 1969, N° 35 del 11 de agosto de 1971 y N° 28 del 13 de julio de 2010, por un monto de $3,181.50, según consta en el recibo de liquidación del 13 de septiembre de 2013, antes de la adjudicación definitiva del terreno. Cada metro cuadrado se vendió a razón de $5, una cifra irrisoria, por considerarse de categoría A.
Hoy en día, tanto el lote como el centro comercial son propiedad de los hermanos venezolanos Chamel y José Gaspard Morell, quienes están prófugos de la justicia de Venezuela por estafar a inversores. Contra los hermanos, que residen en Panamá, existen órdenes de captura emitidas a través de Interpol a solicitud de Venezuela, además de casos civiles y penales abiertos en Panamá, Estados Unidos y España, países donde los Gaspard han registrado compañías, adquirido propiedades o se han apropiado de activos, pertenecientes a terceros, que se los confiaron para su administración.
Segundo acto: La hija del alcalde y el representante de corregimiento compran el terreno
El «segundo acto» de esta historia comienza el 31 de enero de 2014, cuando Valerio Gutiérrez vendió el lote a Pedro Montero, representante del corregimiento de Barrio Colón, y a Marisín Herrera Barrios, hija del entonces alcalde Temístocles Herrera Domínguez. Esta transacción, que tuvo lugar exactamente un mes y 19 días después de la venta inicial el 12 de diciembre de 2013, se realizó por un monto de $3,200.
Es importante destacar que Marisín Herrera, posteriormente, durante toda la gestión del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), ocupó el cargo de directora administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tanto el presidente Varela como el alcalde Herrera coincidían como miembros del Partido Panameñista.
Así, Marisín Herrera Barrios y Pedro Montero se convirtieron en los segundos propietarios del codiciado terreno.
Tercer acto: La hija del alcalde y el representante de corregimiento venden el terreno por 5 veces su valor inicial
El «tercer acto» de esta saga se desarrolla el 10 de marzo de 2014. Después de 39 días exactos de haberse convertido en propietarios privados, Marisín Herrera Barrios y Pedro Montero vendieron el lote por un precio cinco veces mayor, para ser incorporado en la construcción del centro comercial Anclas Mall & Plaza.
La venta se realizó a la sociedad Summa Export, propiedad de los hermanos Chamel y José Gaspard Morell. Según los registros, estos habrían pagado $15,000 por el terreno, aunque hay sospechas de que el monto real pudo haber sido mayor, debido a la posible existencia de una contabilidad paralela. La hija del alcalde y el representante del Barrio Colón, Pedro Montero, fueron los responsables de esta transacción, por la que el lote, en poco más de un mes, multiplicó cinco veces su costo inicial, sin que ello pareciera irregular a los ojos de diferentes autoridades locales y nacionales.
Cuarto acto: Los hermanos Gaspard Morell construyen un mall y lo usan para defraudar a inversores
El «cuarto acto» de esta saga financiera se desarrolla en el escenario del entonces recién construido centro comercial Anclas Mall & Plaza. Entre los años 2018 y 2019, inversores desembolsaron la suma de $12,318,407.85, depositados en cuentas controladas por los hermanos Chamel y José Gaspard Morell. Los inversores creían estar adquiriendo pisos del centro comercial en Panamá, según se desprende de una demanda presentada en Miami contra los hermanos.
La demanda sostiene que José Gaspard, con la ayuda de su abogada en Miami, logró transferir fraudulentamente a su nombre las acciones de una empresa de los inversores. De esta manera, se apoderó de las hipotecas que los inversores habían aportado como parte del pago por las propiedades panameñas en las Anclas Mall & Plaza. Los fondos obtenidos de la ejecución de dichas hipotecas fueron posteriormente transferidos por Gaspard a cuentas propias y de personas cercanas a los hermanos Gaspard.
El documento judicial pinta un cuadro de una extensa red de movimientos bancarios desde cuentas en Estados Unidos hacia Panamá. Estos movimientos tenían como objetivo lavar y reinvertir los cuantiosos fondos defraudados a los inversores. Las acusaciones contra los hermanos Gaspard son graves e incluyen robo, fraude organizado, falsificación y lavado de dinero, tanto a nivel estatal como federal.
Por lo tanto, los inversores exigen una indemnización por daños y perjuicios triplicada, que asciende a $123 millones (considerando que la suma total defraudada fue de aproximadamente $41 millones). También solicitan medidas cautelares para evitar que los acusados continúen operando negocios con el producto del desfalco. Este caso representa uno de los esquemas de fraude bancario más grandes descubiertos entre Estados Unidos y Panamá en años recientes.
Justificaciones injustificables
En el año 2017, cuando el caso comenzó a salir a la luz, los protagonistas de las dos primeras transacciones de la propiedad intentaron justificar sus acciones. Resultaba intrigante que un terreno municipal hubiera pasado a manos de un funcionario local y luego a la hija del entonces alcalde y a un representante municipal de la misma zona donde se ubicaba el lote.
¿Qué argumentos presentó el antiguo alcalde y por qué no resultaron convincentes?
Temístocles Javier Herrera Domínguez, exalcalde en aquel entonces, rechazó en 2017 cualquier insinuación de tráfico de influencias en la compra-venta del terreno. Aseguró que la transacción se realizó siguiendo todos los procedimientos establecidos por el municipio de La Chorrera. Herrera Domínguez, quien en ese momento era gobernador, admitió su relación familiar con Marisín Herrera Barrios, su hija. También reconoció su conocimiento de Pedro Montero, el segundo comprador del terreno junto a su hija, a quien identificó como el representante del corregimiento de Barrio Colón durante su mandato como alcalde del distrito de La Chorrera. Recordó a Montero por la relación laboral que mantenían en el Concejo Municipal.
En cuanto a la venta del lote municipal, el exalcalde Herrera Domínguez explicó inicialmente que los propietarios del mall habían adquirido tierras privadas para construir el centro comercial. Sin embargo, según dijo, un agrimensor privado descubrió que existía una franja de terreno municipal donde se planeaba construir el moderno complejo; pero, según él, no se pusieron en contacto con el alcalde.
«Con una solicitud de Pedro Montero (el representante del corregimiento) les vendimos a Marisín (hija del exalcalde) y Pedro», explicó el entonces gobernador. Sin embargo, posteriormente se contradijo y afirmó que fue Valerio Gutiérrez (el primer comprador del lote) quien solicitó la franja de terreno al municipio.
¿Qué ocurrió con Valerio Gutiérrez, el primer propietario del terreno en cuestión?
En 2017, cuando los periodistas intentaron contactar a Valerio Gutiérrez, el primer propietario del lote, este se mostró reacio a hablar sobre la venta. Su única declaración fue que no tenía nada que comentar sobre la transacción, ya que, en su opinión, había sido “legítima”.
Existen numerosas incógnitas en torno al enigmático lote descubierto y adquirido por el afortunado Valerio Gutiérrez. Por ejemplo, cómo un empleado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) pudo estar presente en el momento de la primera compra del terreno, cuando debería haber estado en su lugar de trabajo. A menos que estuviera de vacaciones o en tiempo compensatorio, deberían existir permisos correspondientes “para sus diligencias personales” en el Departamento de Recursos Humanos del Idaan, que justificaran su ausencia para llevar a cabo el trámite del expediente N.°23422, referente a la compra-venta del terreno.
Valerio Gutiérrez realizó más de cinco diligencias ante el Municipio de La Chorrera, sin contar los trámites ante el MEF, la Notaría y el Registro Público. Quizás esta información pueda ser útil tanto para la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) como para la Dirección General de Ingresos del MEF, y por qué no, para la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, para desentrañar este enigma. En este rompecabezas, el Municipio de La Chorrera, mediante la escritura pública N.°3163 de 16 de diciembre de 2013, vende y traspasa a Valerio Gutiérrez el terreno, ubicado a orillas de la vía Interamericana, por la suma de $3,181.50.
La presentación ante el Registro Público para la inscripción de la escritura a favor de Valerio Gutiérrez la realizó el mismo representante de corregimiento Pedro Montero (a quien Valerio Gutiérrez luego le vendería el lote), con cédula 8-157-150, el 20 de diciembre de 2013. Es decir, “oficiosamente” el representante de corregimiento se dignó a ayudar en el trámite al primer comprador del terreno.
Posteriormente, mediante la escritura pública N.°285 del 31 de enero de 2014, Valerio Gutiérrez vendió el terreno a Pedro Montero, siendo representante de corregimiento de Barrio Colón y a Marisín Herrera, hija del alcalde Temístocles Herrera, por la suma de $3,200.00. Es decir, un mes y cinco días después, el representante de corregimiento y la hija del alcalde adquieren el terreno. Y es el mismo representante de corregimiento Pedro Montero quien presenta ante el Registro Público, el 31 de enero de 2014, la escritura pública N.°285 para su inscripción. De esta manera, Valerio Gutiérrez solo obtuvo una ganancia de $18.50 por la compra-venta del terreno a la hija del entonces alcalde y al representante de corregimiento.
Curiosamente, el ingeniero municipal Abilio Domínguez certificó mediante el oficio IMP-SP-0-499-13 que Valerio Gutiérrez (primer comprador del terreno) poseía los derechos posesorios. Sin embargo, resulta improbable que Valerio Gutiérrez tuviera los derechos posesorios, pues mediante solicitud del 6 de septiembre de 2013, se indicaba que el primer comprador del terreno residía en la casa 4173 barriada San Pancho.
¿En qué momento trabajó y residió Valerio Gutiérrez en el lote de terreno si vivía en Calle Rosario y después supuestamente en San Pancho y cómo se descubrió el lote baldío?
En el año 2017, algunas voces pidieron verificar quién canceló los $3,181.50 o de qué cuenta bancaria salió este dinero para la primera compra-venta del terreno y si, efectivamente, ingresaron esos fondos a las arcas municipales.
En el distrito de La Chorrera, un secreto a voces circulaba: cuando un tercero solicitaba un lote de tierra, este se vendía rápidamente a un representante o funcionario municipal. Así, el intermediario negociaba con otro tercero y obtenía una comisión por toda la transacción.
El misterio rodea el caso del lote solicitado por Valerio Gutiérrez Gutiérrez, funcionario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). ¿Quién presentó la solicitud de tierra ante el municipio mientras Valerio trabajaba sus ocho horas en el Idaan? ¿Cómo obtuvo el paz y salvo del Idaan durante su horario laboral o solicitó permiso para su diligencia personal?
La Comisión de Tierra recibió el informe 676 el 12 de junio de 2013 y otorgó el lote de terreno el 30 de agosto de 2013. Sin embargo, no fue sino después, el 6 de septiembre de 2013, cuando Valerio dirigió la solicitud al entonces alcalde, Temístocles Herrera.
Además, surgen interrogantes tales como: ¿Quién redactó la solicitud y cómo supo que el lote estaba disponible, cuando todavía el propio primer comprador no había hecho la solicitud formal al alcalde? y ¿Quién la firmó?
En 2017, periodistas consultaron a la Autoridad Nacional de Tierras, específicamente a la Dirección Nacional de Información Catastral y Avalúos, para estimar el valor del terreno municipal. Franklin Jiménez, director nacional de Información Catastral y Avalúos, explicó que los municipios establecen sus propios criterios de venta de terrenos, y no siempre se requiere un avalúo para determinar los costos. La decisión recae en ellos, ya sea apoyándose en la Contraloría o en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Según Arsenio Zurita, técnico de la misma dirección, el valor catastral del lote en cuestión era de $25 por metro cuadrado, considerando la topografía y los costos de inversión para adaptarlo a una edificación. Sin embargo, con las mejoras realizadas, en 2017 pudo haber costado al menos $100 por metro cuadrado.
Es relevante destacar que los municipios no están obligados a ceñirse a los avalúos. Cuando los terrenos pasan de ser municipales a privados, los nuevos propietarios pueden establecer otros precios.
En cuanto al entonces alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, en 2017 afirmó no estar al tanto del caso. Los expedientes, según él, eran elaborados «a mano», lo que dificultaba conocer las acciones de la administración anterior.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) consideró que podría abrirse una investigación administrativa sobre este asunto. Aunque no se sabe si se llevó a cabo dicha investigación ni cuáles fueron sus conclusiones.
¿Qué dijo la hija del alcalde, segunda compradora del lote?
Marisín Herrera Barrios, quien se convirtió en la segunda compradora del lote de terreno, explicó en 2017 que la adquisición tenía un propósito claro: la “venta inmediata”.
Marisín, quien, como ya se sabe, es hija del exalcalde Temístocles Herrera, tenía una relación previa con Pedro Montero, quien había sido corregidor de Barrio Balboa durante varios años. Según sus palabras, Valerio Gutiérrez, el primer comprador del lote, también estaba involucrado en la segunda transacción. Valerio le ofreció un terreno de su propiedad a Pedro, quien luego consultó con Marisín sobre la posibilidad de comprarlo juntos y ella aceptó, según argumentó en 2017 la hija del exalcalde.
Los registros públicos revelan que Pedro Montero no solo participó en esta compra-venta, sino que también adquirió otras propiedades en La Chorrera antes de 2007.
En ese mismo año, surgieron voces críticas que instaron a la Dirección General de Ingresos a investigar más a fondo. Solicitaron a Summa Export Inc. el cheque utilizado por los hermanos Gaspard Morell para pagar el terreno a Marisín Herrera y a Pedro Montero. Las preguntas clave: ¿cuál fue el monto real de la transacción? y ¿se pagaron correctamente los impuestos de transferencia? Además, se sugirió una auditoría completa para evaluar si se había causado algún daño patrimonial al municipio de La Chorrera. Sin embargo, no se sabe si estas gestiones de control se llevaron a cabo.
Hoy en día, Marisín Herrera Barrios, licenciada en derecho y ciencias políticas, ocupa el cargo de jefa de compras en la Universidad Marítima Internacional de Panamá.
Las compañías de los hermanos Gaspard se multiplican tras la compra del terreno
Aunque ya figuraban como directores y presidentes de otras, desde después del año 2014, los hermanos Chamel y José Gaspard Morell han estado activamente involucrados en la creación y dirección de nuevas sociedades en Panamá. Tales registros tuvieron un punto máximo en el año 2015, justo después de la compra del lote de terreno en el distrito de La Chorrera para construir su centro comercial Anclas Mall & Plaza.
A continuación, se presenta una lista de las empresas creadas por los hermanos después del año 2014:
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ADMINISTRADORA DEL MALL DE LA CHORRERA, S.A. (8 de septiembre de 2015)
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MEGA STORE PREMIUM MARKET, INC. (17 de junio de 2015)
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OCEAN PANAMERICAN TRADING, CORP. (26 de agosto de 2015)
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CHEEZY PIZZA OESTE, S.A. (26 de agosto de 2015)
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ARUBA OCEAN 637, CORP (7 de octubre de 2015)
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PANAMA FILMS PROPERTIES, CORP. (22 de diciembre de 2015)
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MEGA DEPARTMENT STORE,S.A. (8 de noviembre de 2016)
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WEST WOODLANDS, S.A. (17 de diciembre de 2015)
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BIJAO FRONT BEACH, CORP. (8 de septiembre de 2015)
Se hace evidente que en un lapso de tiempo sorprendentemente corto, los hermanos Gaspard Morell establecieron una multitud sociedades. Esto plantea la interrogante de si sus intenciones eran genuinas o si, por el contrario, estaban buscando evadir impuestos, blanquear dinero o perseguir algún otro objetivo ilícito.
Realizando Metas se distancia de los hermanos Gaspard Morell
Más recientemente, los Gaspard Morell intentaron establecer vínculos con el partido político Realizando Metas (RM), organización fundada por el expresidente Ricardo Martinelli y que apoyó al candidato presidencial José Raúl Mulino, quien resultó ganador en las elecciones generales celebradas el 5 de mayo de 2024.
El motivo detrás de la aproximación de los Gaspard al partido RM era contribuir a la campaña electoral. Sin embargo, según fuentes internas del partido, al enterarse sobre la existencia de notificaciones rojas de Interpol y solicitudes de extradición contra los hermanos Gaspard Morell, quienes permanecen en Panamá, fugitivos de la justicia de Venezuela, la dirigencia del partido RM decidió mantenerse alejada de ellos.