El empresario venezolano Rafael Alfredo Sarría Díaz, señalado por las autoridades estadounidenses como el presunto testaferro de Diosdado Cabello, ha abandonado su residencia en España.
Sarría, quien se había establecido en una lujosa propiedad en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, ha optado por regresar a su país natal, según revelan fuentes jurídicas al diario El Confidencial. Este movimiento ha generado ondas en el complejo entramado de relaciones entre el régimen chavista y sus allegados en el extranjero. Sarría, un hombre de 59 años, no es un nombre cualquiera en el panorama político-empresarial venezolano.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha puesto en su mira, acusándolo de ser el testaferro de Cabello y de mantener negocios ilícitos con este alto cargo venezolano desde hace más de una década. Advertisement La figura de Diosdado Cabello proyecta una larga sombra en este asunto.
Considerado como uno de los pilares del régimen bolivariano, Cabello ha sido una figura prominente tanto durante el mandato del fallecido Hugo Chávez como en la actual administración de Nicolás Maduro. Su trayectoria incluye puestos de máxima responsabilidad, llegando incluso a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional.
La presencia de Sarría en territorio español había pasado relativamente desapercibida hasta el año 2021, cuando un incidente familiar lo catapultó a los titulares. Una disputa con su yerno, en pleno proceso de divorcio de su hija, culminó con la detención temporal del empresario.
Este altercado, que tuvo lugar en las cercanías del centro comercial La Vaguada en Madrid, reveló tensiones subyacentes y amenazas de exposición de información confidencial que, según el yerno, «causarían una gran alarma social» si se hicieran públicas. La justicia española finalmente absolvió a Sarría de los cargos relacionados con este incidente. Sin embargo, el conflicto familiar ha tomado un nuevo cariz con la reciente petición de su hija ante los tribunales españoles.
La joven busca la autorización para llevar consigo a Venezuela a su hija de dos años, nacida en Madrid, en medio de un proceso de medidas paternofiliales que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas. Mientras tanto, la familia Sarría parece haber iniciado un éxodo gradual hacia Venezuela desde septiembre del año pasado, con planes de completar su salida de España a mediados de 2024.
La hija de Sarría argumenta ante el tribunal que su regreso a Venezuela no solo es necesario por motivos económicos, sino que también representa una oportunidad profesional en el marco de un proyecto de Ley de Salud Mental impulsado por el gobierno chavista. Además, sostiene que su hija gozará de mejores condiciones de vida en Caracas, incluyendo la educación en uno de los colegios más prestigiosos de la capital venezolana.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene su vigilancia sobre Sarría y su entorno desde al menos 2018. Las sanciones impuestas no solo afectan al empresario, sino también a tres empresas relacionadas con él en Florida: 11420 Corp., Noor Plantation Investments y Sai Advisors. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de Washington para combatir lo que considera una red corrupta vinculada a Cabello, acusada de narcotráfico, malversación y blanqueo de capitales. Mientras tanto, la justicia española tiene ahora la tarea de decidir sobre el futuro de una niña cuya vida se ve afectada por las complejas relaciones entre el poder y la política.
El conflicto familiar detrás del escándalo político
Según se desprende de la demanda, la convivencia entre la hija de Sarría y su exmarido fue efímera, limitándose a escasos cinco meses. Tras este breve período, la joven regresó al domicilio paterno en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Este entorno lujoso ha sido, según alega la demandante, el único que su hija ha conocido desde su nacimiento
Rafael Sarría Díaz en España
La narrativa presentada ante el tribunal pinta un cuadro de desinterés paterno, acusando al exmarido de mostrar una súbita preocupación por la menor solo cuando se enteró de los planes de la familia de regresar a Venezuela. Este giro en la actitud del padre ha sido interpretado por la parte demandante como una maniobra oportunista.
La dependencia económica de la hija de Sarría respecto a su progenitor se esgrime como uno de los argumentos centrales para justificar el traslado. La joven, psicóloga de profesión, sostiene que sus ingresos en España son insuficientes para mantener el nivel de vida al que está acostumbrada. En contraste, describe un futuro prometedor en Venezuela, respaldado por las conexiones familiares con los círculos de poder bolivarianos.
El proyecto de Ley de Salud Mental que se está gestando en Venezuela se presenta como una oportunidad laboral dorada para la demandante. La creación de unidades especializadas en hospitales, según argumenta, le abriría las puertas a un empleo acorde con su formación y expectativas profesionales. La defensa de la hija de Sarría no escatima en detalles sobre las ventajas que esperan a la menor en Caracas. Se menciona una plaza reservada en el prestigioso colegio Los Campitos, una vivienda adquirida por el abuelo y un seguro de salud privado.
Estos elementos se presentan como prueba de que el bienestar de la niña está garantizado, e incluso mejorado, con el traslado a Venezuela. En un intento por contrarrestar la imagen negativa que pudiera tener el país sudamericano, la familia Sarría argumenta ante el tribunal español que Venezuela es un destino seguro y con una economía en franca mejoría. Esta narrativa contrasta fuertemente con los informes internacionales sobre la situación socioeconómica del país, añadiendo una capa adicional de complejidad al caso.
El conflicto familiar se remonta a septiembre de 2021, cuando un altercado entre Rafael Sarría y su entonces yerno culminó con la detención temporal del empresario. El incidente, que tuvo lugar cerca del centro comercial La Vaguada en Madrid, estuvo marcado por amenazas mutuas y acusaciones de posesión de información comprometedora. Según la denuncia presentada por el exmarido, Sarría habría proferido amenazas veladas: «Si sabes lo que te conviene, no te metas en esto, tú no sabes quién soy yo». Esta frase, cargada de implicaciones, sugiere el uso de influencias y poder como herramienta de intimidación. Por su parte, el yerno amenazó con revelar información que, según sus palabras, «causaría una gran alarma social». Esta advertencia, aunque no se materializó, añadió un elemento de intriga y potencial escándalo al ya complicado entramado familiar y político.
El juicio derivado de este incidente concluyó con la absolución de Sarría, pero las secuelas de la disputa continúan reverberando en los tribunales españoles. La decisión pendiente sobre el futuro de la nieta del empresario se ha convertido en un punto focal donde convergen intereses familiares, económicos y, potencialmente, geopolíticos. Mientras tanto, la familia Sarría ha iniciado un proceso de desvinculación de España. La venta de la propiedad en La Moraleja y los planes de salida escalonada del país, con una fecha límite prevista para mediados de 2024, sugieren una estrategia cuidadosamente orquestada de retorno a Venezuela.
